La vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones en España. Con un mercado
inmobiliario tensionado, especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona,
muchas personas destinan gran parte de sus ingresos a pagar alquiler o hipoteca. En este blog
analizaremos:
El reciente anuncio de creación de una empresa pública estatal de vivienda.
Las medidas clave del Gobierno.
El estado del parque público de vivienda.
Un análisis actualizado del Plan VIVE en Madrid.
Además, reflexionaremos si realmente la solución pasa por crear más entidades públicas o por
enfocar los esfuerzos en construir las viviendas necesarias para reducir el déficit existente.
La empresa inmobiliaria estatal: un nuevo intento del Gobierno Empresa Estatal de Vivienda
En diciembre de 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la creación de una empresa pública estatal dedicada a la construcción y gestión de vivienda pública en todo el territorio Español.
Objetivos de esta nueva empresa
Aumentar el parque público de viviendas hasta un 6% para 2030 (actualmente en un 2%).
Rehabilitar viviendas existentes.
Promover el alquiler asequible en zonas tensionadas.
Coordinarse con Comunidades Autónomas y ayuntamientos para políticas conjuntas.
Este anuncio, considerado histórico por colectivos sociales, también ha generado escepticismo. La oposición y varios expertos del sector inmobiliario advierten que crear más organismos públicos no garantizan solucionar el problema real: la falta de oferta de vivienda en España.
Reflexión: ¿Es necesario otro actor en el mercado o deben las administraciones priorizar la construcción efectiva de viviendas y colaborar con el sector privado para agilizar soluciones?
Plan VIVE: Impacto real hasta 2024
El Plan VIVE, anunciado en 2020 por la Comunidad de Madrid, surgió como una solución para construir viviendas de alquiler asequibles bajo un modelo de colaboración público-privada. El objetivo era levantar 25.000 viviendas en ocho años, enfocándose en municipios tensionados
como Tres Cantos y Colmenar Viejo.
¿Qué se ha logrado hasta ahora?
A día de hoy, 16 de diciembre de 2024, se han entregado aproximadamente 1.200 viviendas según publicaciones en redes detallando estos dos municipios como pioneros.
Alcorcón: 140 viviendas.
Getafe: 156 viviendas.
Los alquileres oscilan entre 460 y 780 euros mensuales, dependiendo de la tipología y ubicación. Sin embargo, aunque hay nuevas entregas planificadas hasta final de año, el ritmo de ejecución no cubre la brecha actual.
Ejemplo claro en Colmenar Viejo: Menos de 20 propiedades de alquiler disponibles actualmente en las principales plataformas del sector y las paginas web inmobiliarias frente a una demanda activa que supera las 20.000 personas.
El estado del parque público de vivienda en España
España tiene uno de los parques de vivienda pública más reducidos de Europa: apenas un 2%, muy por debajo de países como Holanda (30%). Para revertir esto, el Gobierno central busca construir o rehabilitar 100.000 viviendas para 2027.
Medidas clave de la nueva Ley de Vivienda 2023
Tope del alquiler en zonas tensionadas: límite del 3% anual.
Ampliación de contratos de alquiler para casos de vulnerabilidad.
Redefinición del "gran tenedor”: aplica a propietarios con más de 5 inmuebles.
Prevención de desahucios injustificados y desalojos sin fecha.
Estas iniciativas, aunque ambiciosas, no han sido aplicadas de manera uniforme en todas las Comunicades Autónomas.
IVIMA, OVICAM y la gestión en Madrid….
La Comunidad de Madrid cerró en 2014 el histórico IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) tras vender millas de viviendas públicas a fondos privados, generando polémica. Tras las presiones sociales, se creó el OVICAM (Organismo de Vivienda de la Comunidad de Madrid) con el fin de gestionar y ampliar la oferta pública.
Aun así, Madrid sigue siendo una de las comunidades con menos vivienda social del país.
El papel del sector inmobiliario privado: ¿colaboración, no competencia?
Más allá de nuevas inmobiliarias públicas, es crucial reflexionar sobre el papel del sector privado. Las agencias inmobiliarias, autónomas y empresas dedicadas a la gestión y comercialización de viviendas ya aportan un valor fundamental a la economía:
Generación de empleo directo e indirecto.
Impulso a la economía circular al contratar servicios asociados (reformas, mudanzas, gestorías, etc.).
Contribución al sistema tributario del país como empresas y autónomos.
La solución, por tanto, podría centrarse en regular y fomentar la colaboración entre la administración y el sector inmobiliario. Por ejemplo:
Crear mecanismos de defensa jurídica para propietarios.
Agilizar los trámites legales de alquiler y compraventa.
Regular las prácticas de gestión sin desplazar a las empresas existentes.
De esta forma, se lograría una solución equilibrada donde ambos actores, público y privado, trabajen en conjunto para resolver el problema del acceso a la vivienda.
Dato curioso:En España existen entre 25.000 y 30.000 agencias inmobiliarias activas, empleando entre 90.000 y 100.000 personas y representando el 12% del PIB nacional, unos 42.000 millones de euros. A pesar de nuestra relevancia en la economía, el sector sigue sin tener representación sindical ni un vínculo adecuado con el Estado. A menudo, a pesar de nuestra aportación al PIB, nos tratamos como si no existiéramos y se nos excluye de las decisiones que afectan a nuestra actividad.
La solución no está en sustituirnos con una inmobiliaria estatal y dejar a los profesionales fuera del juego, sino en depurar el sector a través de un código ético claro , promoviendo buenas prácticas y asegurando que los profesionales estén bien formados y certificados . Los inmobiliarios aportamos experiencia, valor humano y soluciones prácticas esenciales para la economía.
Es hora de regular el mercado, garantizar precios justos y ofrecer un servicio de calidad que valore el esfuerzo y la aportación del sector al PIB. La colaboración entre el sector público y privado es clave para un entorno transparente y eficiente.
Y aquí llega la Conclusión final….
La crisis de vivienda en España no se resolverá solo con la creación de nuevas entidades públicas. La verdadera clave está en aumentar la oferta de vivienda accesible, coordinando esfuerzos entre el Gobierno central, Comunicaciones Autónomas y el sector privado. Planes como el VIVE, junto con la nueva empresa estatal de vivienda, deben priorizar acciones concretas para construir viviendas y frenar la especulación.
Mientras tanto, la colaboración con las inmobiliarias privadas y la regulación de sus relaciones con las administraciones podrían ser un camino efectivo para agilizar procesos y proteger a propietarios e inquilinos.
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